La transparencia financiera no es una opción, es una obligación. Sin embargo, en el Country Club El Venado, esa premisa parece haber sido ignorada sistemáticamente. La Comisión Revisora de Cuentas (CRC) sacó a la luz una situación alarmante: millones de pesos se gastaron sin respaldo alguno, mediante pagos en efectivo, facturas dudosas y órdenes de pago que no coinciden con los comprobantes.
Un sistema vulnerable al abuso
La revisión contable detectó un número elevado de pagos realizados sin factura o comprobante legal que los respalde. Se habla de egresos millonarios que no cuentan con la documentación correspondiente. Esta práctica no solo impide auditar los gastos, sino que también abre la puerta a fraudes, sobreprecios y pagos indebidos.
- Ejemplo: Bulonera, con una factura registrada por $16.640,80, pero una orden de pago en efectivo por $166.400,00.
- Caso Casa Fernández: triplicó los montos registrados, con pagos en efectivo por más de $2.000.000.
- En la compra de reposeras, se informó un valor real de $4.997.360 pero se cargó en sistema un total de $7.629.050. El impacto fue de $2.631.690 mal imputados.
Proveedores sin licitación ni homologación en Venado Country Club
La CRC dejó en evidencia que no existe un registro homologado de proveedores, ni un proceso claro de licitación. Esto implica que las contrataciones se realizaron sin comparativas de precios, sin aval legal y sin supervisión por parte de la comunidad.
También se detectó que no hay niveles de aprobación definidos por monto, lo que deja la puerta abierta a que cualquier persona con acceso a los fondos realice pagos sin ningún tipo de control o rendición posterior.
Áreas críticas y consecuencias
Las irregularidades se registraron en varios rubros:
- Compras menores, como fumigación (Black), que figura pagada en efectivo por $680.000, sin verificación del QR de ARCA.
- Sanitarios del Norte: factura registrada por $286.553,99 pero cargada como pago por $360.043,97.
- Intermediación directa por empleados: el caso de Encinas David aparece como quien licitó y ejecutó compras, sin registros oficiales.
Estas acciones no solo vulneran el principio de buena administración, sino que representan una estafa moral y financiera contra los vecinos, quienes terminan pagando sobrecostos y financiando un esquema desordenado y opaco.
Una estructura que permite el abuso
La falta de gobernanza es una de las causas raíces de esta situación. La CRC lo resume claramente:
«No hay definido niveles de aprobación por montos. No hay métricas que faciliten la toma de decisiones sobre información concreta. No hay modelo de gobernanza.»
Sin controles internos, sin transparencia documental y sin procesos normalizados, el manejo financiero del Country queda librado a la voluntad de unos pocos.
El costo oculto de la informalidad
No se trata solo de números. Cada peso mal administrado es un peso que podría haberse destinado a mejoras reales para la comunidad: mantenimiento, seguridad, infraestructura, actividades sociales o reducción de expensas.
Este modelo de gasto informal y sin trazabilidad expone al Country a riesgos legales, demandas por parte de proveedores o empleados, y una pérdida de valor institucional.
Un llamado a la acción
Es hora de exigir procesos claros, facturas verificadas, órdenes de compra auditables y aprobaciones por parte de más de un responsable. La informalidad no puede seguir siendo la norma.